El haber superado los 90 días de aislamiento social obligatorio (o “cuarentena”) pareciera que no ha permitido a muchas personas aprender nuevas cosas o entender claramente cómo funcionan los negocios.

En los últimos días, varias bancadas del Congreso han propuesto varios proyectos de Ley intentando congelar los intereses de las personas y/o empresas en busca de lo que se conoce como “protección del ingreso de las personas” en especial de aquellas que habiendo perdido la totalidad o parte de sus ingresos se encuentran en una situación difícil; más aún si confiados en los ingresos han incurrido en gastos personales que actualmente no pueden pagar.

Como la mayoría de las ideas de los congresistas, todo se basa en la buena intención de proteger a las personas de las “abusivas” entidades financieras y forzar de plano a que no se vean obligados a seguir pagando o que se incrementen los intereses que alguna vez tendrán que pagar. El problema está en que, en el mejor de los casos, no se está tomando en cuenta a la otra parte (entidades financieras y los que lo financian).

¿Cómo se financian nuestras entidades financieras?

Toda operación financiera, nace de la interrelación entre alguien que es superavitario de recursos monetarios (el que tiene la plata) y aquél que es deficitario de los recursos financieros (el que necesita la plata). Con el tiempo, se desarrollaron intermediarios, reglas y reguladores que han formalizado y sistematizado este negocio. Los intermediarios más visibles son los bancos.

De acuerdo con la SBS, las entidades financieras en el país, en conjunto al 30 de abril cerraron con obligaciones con el público equivalentes a PEN 314,125 millones versus PEN 315,232 millones que son las cuentas por cobrar (préstamos otorgados) que tienen. Si bien el sistema no solamente se financia con los depósitos de las personas y empresas, podemos ver en este cuadro que los depósitos de las personas y empresas es el principal elemento que sostiene las operaciones de crédito.

¿Quiénes son los ahorristas?

Los 314,125 millones que constituyen los depósitos en el sistema financiero está constituido principalmente por los 309,387 millones de soles en depósitos, los cuales a la vez se distribuyen de acuerdo con el siguiente cuadro:

La mayor parte lo componen los depósitos en cuentas corrientes (a la vista), de ahorros y depósitos a plazos. Estas dos últimas suman aproximadamente 217,950 millones de soles al 30 de abril, y es uno de los principales destinos del dinero de las familias peruanas.

Podemos observar también que los bancos son las principales instituciones en que confían las personas sus depósitos de ahorros y a plazos, a pesar de la existencia y publicidad del Fondo de Seguro de Depósitos, que en la práctica iguala el riesgo de las entidades ante un evento de intervención y liquidación. Si bien podemos ver que las Cajas Municipales son la segunda mejor opción, la diferencia que tienen con los Bancos, puede deberse a una actitud conservadora del ahorrista peruano, o las diversas conexiones que tienen con otros productos bancarios que las Cajas Municipales no ofrecen.

¿A quién se atiende con estos recursos financieros?

Con el producto de los depósitos de ahorros, líneas de los bancos y el capital propio, se tiene en el Perú, al 30 de abril, un saldo aproximado de créditos equivalente a 335,209 millones de soles. Los principales beneficiarios de los créditos son las Grandes empresas (Corporativa, Grande y Mediana) con algo más del 52% de los saldos colocados, seguidos por los créditos personales (consumo + vivienda) con un 36% y las MYPEs cierran con el 12% de los saldos de créditos al 30 de abril.

Los principales ofertantes de créditos son los bancos, seguidos de las cajas municipales, empresas financieras y las cajas rurales.

¿Qué se está proponiendo?

En el Congreso de la República se han presentado diversos proyectos de Ley para declarar una moratoria en el pago de las deudas y de los intereses, tanto para las personas naturales (PN) o las personas jurídicas (PJ), justificando la solicitud por los efectos en la economía de las medidas para detener la propagación del COVID 19.

Como pueden observar los alcances de las propuestas de nuestros legisladores, varía de proyecto en proyecto, habiendo aquellos que se limitan al período de emergencia, como aquellos que lo extienden hasta un año después. Otro tema interesante que hay que notar, es que tampoco existe consenso si sólo se debe apoyar a las PN en general, o las PN que han perdido su empleo, o se incluye a las PJ que sean MYPES o a todas las PJ.

Finalmente, otro elemento a considerar de todas estas propuestas es que ninguna de ellas establece criterios técnicos para establecer a los beneficiarios, dejando esos criterios a cargo de la SBS en la mayoría de los casos cuando se emita el reglamento.

¿Qué nos espera?

Queda claro que a nuestros legisladores no les ha parecido suficiente las medidas tomadas por muchas entidades financieras, a sugerencia de la SBS, para dar facilidades o que se establezca una negociación entre el deudor y el acreedor para facilitar los pagos de los financiamientos.

Si bien puede haber casos de “intransigencia” entre acreedores y deudores, se debería promover la mejora de los mecanismos de negociación y no establecer la obligación de que una de las partes ceda su posición sin evaluar todo lo que está detrás.

Este mecanismo lamentablemente podría ser mal utilizado por muchas PN o PJ que, teniendo capacidad de pago, quieran aprovechar la moratoria en el pago de las deudas y de los intereses. Como hemos podido ver en los cuadros anteriores, el dinero que está financiando a las PN y PJ proviene en su gran mayoría del ahorro de las familias peruanas, ya sea de manera directa (cuentas de ahorros y depósitos a plazos) como indirecta (AFPs y fondos mutuos que invierten en depósitos a plazos).

La experiencia actual nos lleva a pensar que se repetirá los resultados vistos en los bancos, donde en un primer instante buenos pagadores decidieron aplazar sus desembolsos y aprovechar las facilidades dadas; esto mismo sucede con los servicios públicos donde están dejando de pagar muchos usuarios que si tienen la capacidad de hacerlo; finalmente lo sucedido en REACTIVA PARTE 1 donde hay grandes empresas que han tomado el crédito en perjuicio de las que realmente necesitan los fondos del Estado, etc.

Para que el sistema financiero pueda dar liquidez y créditos a los deficitarios (PN o PJ) necesita incentivos para funcionar. Si no se cobran los intereses, las entidades no tienen ingresos y los ahorristas no tendrán su renta. Muchos de los promotores de estos proyectos están ignorando este hecho. La quiebra de instituciones de nuestro sistema financiero, por falta de liquidez no puede convertirse en la cereza de la crisis económica que tenemos que enfrentar por el COVID 19.